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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), encabezada por Marco Livio Díaz, ha vuelto a recordar “cordialmente”: un arrendamiento ocasional paga impuestos. El mensaje tuvo como destinatarios a miles de anfitriones de Airbnb que no están inscritos ante el fisco o realizaron incorrectamente sus declaraciones.
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En perspectiva. Años atrás, cuando empezó la novedad de generar ingresos con la plataforma de hospedaje más famosa del mundo —más 6M de anuncios en 191 países—, pagar impuestos, si bien puede no gustar, parecía evidente. Como advierte el adagio: “no hay rosa sin espinas”.
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Con todo, las autoridades señalan que, entre 2021 y 2022, unas 2 mil 600 personas arrendaron 7 mil 242 inmuebles por medio de Airbnb, sin estar de alta como contribuyente, emitir factura o declarar a medias.
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La SAT no piensa renunciar a ese cobro, menos, cuando su meta de recaudación este año asciende a unos Q100 mil millones. En conferencia de prensa anunció cómo espera recuperar lo no declarado. Entre tributos adeudados, multas e intereses, la cifra llega a unos Q300M.
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El consejo de expertos es pagar de manera voluntaria. Caso contrario, resolvería un tribunal económico coactivo. Incluso, podrían embargarse propiedades o cuentas bancarias. No presentarse o recibir notificaciones es motivo de delito de “resistencia a la acción fiscalizadora”, penado con cárcel.
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Entre líneas. La defraudación es en un segmento identificado: no deben pagar justos por pecadores. La SAT habló de casos específicos luego de recibir información de la entidad tributaria de Irlanda, país sede de la compañía de arrendamientos. También ya solicitó datos de 2023 y 2024.
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Como Fernando, miles están al día. No pasa así con aquellos anfitriones que adrede no declararon o pagaron menos de lo debido. “Seguramente muchos no pagan. Sin embargo, la cifra que dio la SAT es irracional. Solo es el 10% de la factura mensual por arrendamientos”, receló.
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Qué destacar. Oscar Chile Monroy, experto tributario, explicó que, de los casos identificados, los primeros no están inscritos. Caen en una evasión, como pasa con la economía informal. Por otro lado, los inscritos, cometen delito fiscal.
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Si bien parece “injusta” la rigurosidad para fiscalizar a los arrendadores, habiendo “peces más gordos” —como dijo Fernando—, las acciones están sustentadas: los inmuebles arrendados en Guatemala pagan IVA e ISR. Sin importar si se rentan de manera tradicional o digital.
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Chile Monroy consideró que Airbnb podría estar sujeto a gravámenes, según normas tributarias nacionales. Todo depende de lo que se interprete del contrato: ¿recibe de los anfitriones una “regalía” o “comisión”? Según el caso, podría gravarse con 10 o 15%. No obstante, se desconoce la postura de la SAT sobre este punto.
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Balance. La estrategia de gravar por usar la plataforma de Airbnb es solo “la punta del iceberg”: redes sociales como Facebook o TikTok ya se mencionaron. Este tipo de acciones se avizoraban años atrás, cuando empezó a hablarse de la Factura Electrónica en Línea (FEL).
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“Esto continuará. El siguiente paso será el reporte de la contabilidad electrónica. Vamos a estar bien controlados por la SAT. Es molesto, pero no nos debe preocupar sino ocupar. La invasión tributaria y fiscalización electrónica es imparable”, afirmó el experto.
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Fernando comentó que este tipo de inspecciones generan intranquilidad. Como otros inversionistas, considera que la situación amerita fundar una gremial. “Hay una sensación de molestia general ante el fisco”, aseguró al indicar que buscarán defenderse ante posibles abusos o nuevos arbitrios.
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Por Edgar Quiñónez Republica gt
Sin logros significativos, Arévalo habla de los 100 días de gobierno
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Este 23 de abril, Bernardo Arévalo cumplió 100 días como presidente de Guatemala y, a pesar de sus buenas intenciones, son muchas las incongruencias que existen entre sus palabras y sus acciones; esto quedó evidenciado ayer.
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La actividad para conmemorar sus supuestos logros inició pasadas las 10:30 a.m.; su discurso lo inició hablando de la transparencia, pero los avances en ese sentido son relativos.
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“Antes, sostuve que los fondos públicos alimentaban estructuras políticas corruptas. Limpiar cada gaveta no ha sido fácil”, dijo el presidente, asegurando que, cuestiones como la elección de gobernadores departamentales ahora tienen visibilidad.
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Sin embargo, a la fecha, el presidente aún no nombra gobernadores en 14 departamentos. Estos atrasos empiezan a obstaculizar la gestión pública.
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En perspectiva. Arévalo también habló de denuncias. “Como gobierno, hemos denunciado grandes casos de corrupción, como el contrato de Vacunas Sputnik, el caso del aeropuerto La Aurora y el de las escuelas bicentenario”, dijo el martes.
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Según el mandatario, el Ejecutivo ha presentado 34 denuncias en el Ministerio Publico (MP). La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, es quien más acciones ha planteado.
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Sin embargo, son pocas las que se conocen. Ni siquiera hay evidencia de ellas en la página web de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), tal y como lo ofreció en su momento el titular de esa dependencia, Santiago Palomo.
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Como ya es costumbre, el presidente volvió a cuestionar el desempeño de Consuelo Porras al frente del MP y una vez más aseguró que no descansará hasta lograr su destitución.
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Lo que sigue. Inmediatamente abordó el tema de seguridad, asegurando que se ha garantizado la paz de los guatemaltecos. “Nuestro esfuerzo ha desarticulado 39 estructuras criminales, de las cuales 22 estaban dedicadas a la extorsión”, indicó.
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Según Arévalo, se ha capturado a más de 518 presuntos extorsionistas, quienes han sido puestos a disposición de la justicia. Además, dijo que hay una reducción del 13% en la tasa de homicidios comparado con el mismo periodo de 2023.
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Luego tocó el tema de sus giras internacionales y resaltó su reunión con el Comité Olímpico Internacional, asegurando la participación de los atletas en los Juegos Olímpicos de París.
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Asimismo, mencionó su encuentro con autoridades de países europeos y la oferta de más de US$130M de “cooperación para el desarrollo” que recibió por parte del gobierno de Estados Unidos.
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Qué destacar. El mandatario mencionó de nuevo la participación de los pueblos indígenas en el Ejecutivo. “Por primera vez las autoridades indígenas y ancestrales están sentadas en la mesa con el Gobierno de la República”, expresó.
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Esto solo se ha quedado en mesas de diálogo, pues en su gabinete no figuran funcionarios que realmente representen a los indígenas. La única es la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel.
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Habló del Programa de Salud Escolar. “A la fecha, el Gobierno ha atendido más de 35 mil consultas de más de 17 mil estudiantes del sector público” informó el presidente durante la presentación.
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Después abordó el tema de los incendios forestales y dijo que, en estos cuatro meses, Guatemala ha tenido 686 incendios más que en el mismo período de 2023, un incremento del 69%. De estos, más del 80% han sido provocados, según el gobierno.
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Conclusión. Para finalizar, Arévalo anunció la reducción de su salario en un 25%, sin especificar si se refiere a la totalidad de sus ingresos, o solamente al salario base, un rubro muy pequeño del total de lo que los guatemaltecos le pagan.
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Como muchas cosas –hasta ahora– del gobierno, se puso más énfasis en la forma –el acto– que en el fondo –las acciones–.
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Lo que queda claro es que, a partir de este momento, la “luna de miel” termina, incluso para los que lo apoyaron.
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Por Glenda Sánchez Republica gt
100 días de gobierno: Inseguridad empaña avances del MINGOB
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Una de las apuestas del gobierno de Bernardo Arévalo desde la campaña electoral fue frenar la delincuencia. La seguridad se incluyó como prioridad en el plan de los 100 días, por ser una de las mayores demandas de los guatemaltecos.
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Entre líneas. Las promesas de Arévalo para mejorar la seguridad se condensaron en ochos ejes, con un énfasis en robustecer el cuerpo policial y la infraestructura de las cárceles.
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Los ejes relacionados con la Policía Nacional Civil (PNC) abarcaron tres aspectos. El primero se enfoca en el fortalecimiento del sistema de inteligencia de la institución. En el segundo, habla de reordenar el despliegue policíaco e incrementar el número de agentes. Por último, dignificar la función de los agentes.
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Las cárceles ocupan una atención igual. Se menciona el limitar las acciones delictivas desde las prisiones y “no más extorsiones” desde los centros carcelarios. Asimismo, construir una cárcel de máxima seguridad con alta tecnología para reclusos con delitos graves.
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El eje también contempla un plan en contra la violencia hacia las mujeres; por último, menciona el combate al contrabando. Aquí se alude a una nueva Unidad de Protección Fronteriza.
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Qué destacar. Alcanzar lo propuesto tiene como principal responsable a Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (MINGOB). Su nombre figuró entre los primeros para integrar el gabinete de Arévalo. El haber dirigido la cartera, en tiempos de Álvaro Colom, fue parte de las razones que llevaron a su nombramiento, por su experiencia, argumentan.
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Se desconoce cuándo empezó a trabajar con Semilla, pero el periodo anterior a tomar posesión le permitió tener un tiempo prudente para analizar los perfiles de sus viceministerios, así como pensar la estrategia de su plan.
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El 15 de enero presentó a cuatro de sus cinco viceministros: Claudia Palencia, Werner Ovalle, Felipe Sánchez González y William Cameros. Un mes después, nombró a Mayda Alejandra De León Wantland, viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito.
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Sus primeras acciones fueron enfocadas a las extorsiones, seguridad ciudadana, procesos de trasparencia y acercamiento con autoridades de El Salvador, Honduras, México, EE. UU. y Colombia.
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Lo indispensable. Hecha la consulta sobre resultados en los primeros 100 días, la cartera de seguridad destacó, entre otros, el Grupo Especial contra las Extorsiones en Guatemala (GECE). Su principal tarea son los patrullajes en lugares con alta y media incidencia criminal, principalmente zonas afectadas por las pandillas.
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Además, que, del 1 enero al 15 de abril, la PNC registró 499 capturas por delitos relacionados a la extorsión. El 69% de las detenciones (342) corresponde a mujeres, el resto a hombres (146) y adolescentes (11).
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En ese mismo periodo coordinaron requisas y reubicaron a 50 reos señalados de coordinar las extorsiones desde estos centros.
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También que en marzo 2,431 policías se graduaron. Las autoridades confirmaron que se asignaron según el mapa de calor de la incidencia criminal. Guatemala y Escuintla predominan en este aspecto.
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Sí, pero. Algunos compromisos que propuso Semilla en su plan son medidas recicladas o acciones implementadas en otras administraciones. Ejemplo: requisas y traslado de cabecillas o integrantes que operan desde una prisión.
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Al margen de una obvia falta de creatividad, la cartera puede jactarse de haber cumplido con casi la totalidad de las acciones planteadas. Siendo el pendiente más evidente la cárcel de máxima seguridad.
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Hasta ahora, se sabe que estará en Masagua, Escuintla, con una capacidad para 3,000 reclusos.
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Lo anterior tampoco es novedad. A finales de 2022, el exministro David Napoleón Barrientos, adelantó gran parte de lo que se sabe. Lo más nuevo es que “hay avances” en el financiamiento y la planificación.
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Conclusión. Las acciones del MINGOB han sido visibles en estos cuatro meses, a diferencia de otras carteras. Con todo, el ambiente de inseguridad y violencia persiste. El planteamiento parece insuficiente; no hay cambios tangibles. Si Jiménez, y su equipo, no refuerzan la ambición de lo planteado “en el papel”, la expectativa ciudadana pasará muy rápido del conformismo a la desilusión.
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Por Rafael Párraga Republica gt
Más de 250 mil colombianos gritan: ¡fuera Petro
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Cientos de miles de colombianos tomaron las calles en reclamo contra el presidente Petro.
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Es noticia. La “Marcha de las Mayorías” del día de ayer dejó en claro que el primer gobierno de izquierda en Colombia genera un rechazo fuerte en un gran segmento de la población. Mientras Petro se burlaba en su cuenta de X, incluso su mano derecha reconoció que la multitudinaria manifestación invitaba a una reflexión desde el Ejecutivo.
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La marcha no es una respuesta a una política específica, sino que al rumbo por el cual Petro encamina a Colombia.
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No obstante, la mala cobertura, calidad y accesibilidad del sistema de salud le dio fuerza a la manifestación, atrayendo incluso a movimientos sindicales, tradicionalmente asociados a la izquierda.
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Voces. Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, admitió en su cuenta de X que las movilizaciones habían sido un éxito. “Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica”, afirmó.
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Petro, por su parte, publicó un segmento de un programa satírico con el comentario “la clase dominante”, en tono de burla hacia la “alta sociedad” (como hace referencia el video).
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El comentario buscaba desacreditar la movilización, catalogándola como un movimiento elitista y no representativo del sentimiento popular de los colombianos.
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Sí, pero. Aunque Petro se afane en esconderlo, lo cierto es que la oposición demostró ser más que capaz de movilizar a la gente a la calle en descontento con el exguerrillero. Solamente en Bogotá, se calcula que unas 45 mil personas habrían salido a manifestarse. Aunque no hay todavía una cifra oficial, se estima que, a nivel nacional, la Marcha de las Mayorías podría haber movilizado a unas 250 mil personas.
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La marcha del domingo es solamente una reiteración de la impopularidad del presidente colombiano, que fue derrotado de manera abrumadora en las elecciones regionales de 2023.
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En aquella ocasión, la oposición arrasó, ganando en todas las principales ciudades del país.
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El cántico de “fuera Petro” también se ha vuelto un clamor generalizado en la mayoría de los eventos multitudinarios en Colombia, como conciertos, partidos, entre otros.
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En conclusión. Petro generó ilusión de cambio durante su campaña, luego de una serie de gobiernos que no llenaron las expectativas del electorado. No obstante, a menos de dos años desde su llegada al poder, Petro demostró que la decepción de los colombianos con los gobiernos anteriores no tenía nada que ver con la derecha. Su gobierno de izquierda ha sido más decepcionante que lo que los colombianos querían cambiar.
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Para febrero de 2024, Petro tenía una aprobación de solamente un 35%. En 2022, Petro ganó las elecciones presidenciales con poco más de 50% de los votos, contra el 47.3% de Rodolfo Hernández.
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Sin embargo, en menos de dos años, su popularidad se ha desmoronado hasta 12% menos de lo obtenido por su contrincante en 2022.
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El casi cuarto de millón de colombianos pidiendo su renuncia invita a una reflexión para el gobierno, como su mano derecha lo admitió. No obstante, Petro se rehúsa a aceptar la crítica y desacredita la manifestación como un intento de frenar al “gobierno del cambio”.
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Por Luis González Republica
MIDES, la "oveja negra" de los ministerios
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Lo que mal empieza, mal termina. Este parece ser el caso del Ministerio de Desarrollo (MIDES). Nació de los programas sociales que buscaron levantar la imagen política de la entonces esposa del presidente Álvaro Colom, Sandra Torres, quien buscaba suceder a su compañero de hogar.
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Antes de su creación en 2012, sus programas se aglutinaron bajo el Consejo de Cohesión Social que dirigía Torres. La veterana política intentó levantar su imagen regalando bolsas de alimentos, bonos, becas, sirviendo alimentos en los "comedores solidarios" y otros proyectos con fines políticos.
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La historia de Torres es conocida. Se divorció de Colom para participar en las elecciones de 2011, pero la Corte de Constitucionalidad le impidió competir por un evidente "fraude de ley". Pero su herencia siguió. El Partido Patriota, ganador de las elecciones, tomó los programas, les agregó el "apellido seguro" a todos y, apenas empezando a gobernar, creó el MIDES en enero de 2012.
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Durante los últimos tres gobiernos -Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei- ese ministerio fue dirigido por ocho ministros. Solo en la gestión de Morales pasaron por ese despacho cuatro funcionarios.
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Por qué importa. En la gestión de Bernardo Arévalo, el MIDES lo dirige Abelardo Pinto, un consultor independiente, licenciado en mercadotenia y marketing, con maestría en gestión pública, pero sin mayor experiencia práctica. Excepto una consultoría en la desaparecida Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), de 2016 a 2017.
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A la fecha, el MIDES registra una baja ejecución, considerando los recursos que dispone y el propósito para el cual fue creada la institución: el desarrollo social. De Q.1,472M presupuestados, solo ha ejecutado Q.205M, equivalente a un 13.90% de su presupuesto.
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En la página de la institución se destaca que maneja seis programas sociales: bono, bolsa, beca, comedor, jóvenes y vida. La mayor cantidad de los recursos –Q.104M- se desembolsaron para transferencias, Q.49M para servicios personales y Q.40M para materiales y suministros.
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En perspectiva. El MIDES nació con muchos cuestionamientos y, hasta la fecha, sigue con una mala imagen como resultado de quienes han dirigido la entidad y diversos señalamientos.
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El más reciente, reportado por los medios de comunicación en todas las gestiones, es el alquiler del edificio donde tiene sus operaciones principales. Se trata de un inmueble por el que paga más de un Q. 1M cada mes.
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En la administración actual se renovó el contrato en la Plaza Lauderdale. Es un edificio ubicado en la zona 9 capitalina, que tiene siete niveles, tres elevadores y más de 350 parqueos.
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Además, en periodos pasados se denunció la existencia de plazas fantasma y pago de favores a diputados. Asimismo, que los programas del MIDES se seguían usando para el clientelismo político con legisladores y alcaldes.
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En conclusión. El citado ministerio tiene una asignación importante en recursos, pero hasta la fecha se desconocen los resultados de su impacto en la población.
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Si el gobierno quisiera transparentar el gasto y mejorar los resultados de la gestión pública, sus funciones podrían ser asumidas por otros ministerios.
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Todos los programas parecen tener un propósito noble, pero se han prestado para irregularidades, como las que hasta ahora han señalado las autoridades.
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Para este hilo se buscó la opinión del ministro Pinto, pero se indicó que podría atender hasta la otra semana.
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Por Edgar Quiñónez Republica gt
Transparencia: una promesa a medias de los primeros 100 días del gobierno de Arévalo
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Cualquier persona que asuma el rol de presidente en un país como Guatemala se enfrenta a varios retos. Consciente de esto y antes de lograr la victoria en la segunda vuelta electoral del 25 de agosto de 2023, Bernardo Arévalo presentó un ambicioso “plan para sus primeros 100 días de gobierno”.
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En el documento se plantean las acciones que, según Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, realizarían desde el 14 de enero. El plan se centra en cuatro ejes.
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El primero de ellos, trata del “combate a la corrupción”. Guatemala es el país más grande de Centroamérica, pero también uno de los que más ha sufrido abusos por parte de funcionarios.
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La propuesta de Arévalo en este eje es “salvar a Guatemala urgentemente de la corrupción”. Aunado a ello, el mandatario ha mencionado varias veces que su administración se compromete en erradicar los actos ilícitos. Pero, en los primeros 100 días ¿qué ha hecho al respecto?
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En perspectiva. El presidente ofreció denunciar casos de corrupción identificados y documentados por la Comisión de Vigilancia Anticorrupción, que resultó denominando: Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).
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El 14 de febrero, en el despacho presidencial del Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo juramentó a Santiago Palomo como titular de esta comisión.
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Se creó mediante el Acuerdo Gubernativo 31-2024, que reformó el Acuerdo 29-2020, del 20 de enero de 2020. En relación con el gobierno de Giammattei, sigue como una dependencia del propio Organismo Ejecutivo que se pretende auditar.
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Su composición es multidisciplinaria, contando con la participación del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, así como la de varios secretarios de la Presidencia, entre otros.
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Qué destacar. Hasta el 4 de abril son varias las entidades del Organismo Ejecutivo que afirman haber presentado denuncias en el Ministerio Público (MP). La ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, es quien más acciones ha planteado.
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La funcionaria asegura que se ha encargado de limpiar “las ratas muertas de las gavetas de la institución”. “La corrupción era una política de Estado en la administración anterior”. El 11 de abril informó que son entre 20 y 22 denuncias planteadas en el MP.
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Sin embargo, son pocas las que se conocen. República solicitó algunas de ellas a Comunicación Social del ministerio, pero se obtuvo copia de dos.
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Entre las denuncias hay unas que involucran al exministro, Javier Maldonado, al exdirector de la Dirección General de Caminos, Gabriel Jo Lau, y al exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta.
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Otros de los ministerios, que según la Comisión han dado luces sobre presuntas irregularidades, son el de Salud Pública y Asistencia Social, Cultura y Deporte, y el de Ambiente y Recursos Naturales.
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En el radar. Hasta ahora el acceso a la información sigue siendo nulo.
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El 15 de abril se anunció la creación de un tablero digital con la información de las denuncias para que la población pueda acceder a estas, sin que hasta ahora exista.
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Tampoco se ha tenido acceso al comisionado para hablar de este y otros temas. Se le solicitó espacio para una entrevista desde su nombramiento, sin embargo, no se ha concretado.
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En cuanto a la vigilancia de la ética, Arévalo dio una tibia señal primero, y luego forzada, al destituir a la ministra de Ambiente por mal uso de vehículos y seguridad de la cartera.
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Conclusión. ¿Qué pasará con las denuncias? ¿El gobierno también indagará casos de corrupción dentro de su administración?
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Por Ana González Republica gt
Gobierno a la espera que OEA responda si acompañará proceso de elección de cortes
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La elección de Cortes volverá a estar en la mira de todos los ciudadanos, luego de que el Congreso llamará a integrar las comisiones de postulación para iniciar el trabajo de análisis, revisión y punteo de los expedientes de los postulantes. El Ejecutivo ha solicitado el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “para darle más legitimidad al proceso”, sin embargo, para los opositores, eso haría que el proceso se contamine.
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Panorama general. Los diputados convocaron a las postuladoras para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de la Corte de Apelaciones, que deben tomar posesión el 13 de octubre.
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Qué resaltar. El Gobierno de Guatemala solicitó a la OEA que nombre una misión de observación del proceso.
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El mandatario justificó la solicitud, calificando el proceso como “la batalla jurídica y política, en la que el pueblo se enfrentará a los grupos que controlan el aparato judicial".
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El 4 de abril, el canciller Carlos Martínez confirmó en una citación en el Congreso que la solicitud había sido enviada.
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República consultó a Cancillería, y se confirmó que a la fecha aún no hay respuesta a la petición.
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Voces. Álvaro Arzú, jefe de la bancada Unionista, no dejó pasar la oportunidad para criticar la solicitud del Ejecutivo, pues considera que hay intromisión.
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“El Organismo Ejecutivo está interfiriendo en asuntos que no son de su competencia (...) en este proceso tiene participación el Organismo Legislativo y el Organismo Judicial. Sin embargo, el presidente solicitó una misión de observación (...) eso es inaceptable” declaró.
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El congresista hizo un llamado a las nuevas comisiones para que “no se dejen intervenir, que no se dejen presionar por ninguno, por ningún extranjero como lo ha solicitado el presidente”, enfatizó.
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Fisgón histórico. El 15 de noviembre de 2023, el Congreso renovó las Cortes tras cuatro años de retraso y decenas de intentos.
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En conclusión. Este proceso será muy observado por la población, pues no se descarta que nuevamente existan acciones legales, que al igual que el proceso anterior, provoque que los magistrados se mantengan en el cargo excediendo su mandato.
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Por Glenda Sánchez Republica gt
“No hablo inglés”,
la muralla entre los jóvenes
y un trabajo formal
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